Las trabajadoras del hogar tendrán las condiciones del resto de trabajadores, como la prestación del paro.
55.962 trabajadoras del hogar están dadas de alta actualmente en Cataluña y antes de que acabe el año tendrán derecho a cobrar una prestación de paro en caso de perder el trabajo. Se ha comprometido el Gobierno después de enviar en el Congreso la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga los Estados firmantes a equiparar las condiciones laborales de las empleadas del hogar al resto de trabajadores. Puesto que hasta ahora las trabajadoras del hogar están encuadradas en un régimen especial y no pueden cotizar a pesar de que quieran hacerlo por derechos como el paro, entre otros.
Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, en todo España hay oficialmente dadas de alta 376.015 personas como trabajadoras del hogar. De estas, 9 de cada 10 son mujeres y 55.962 están en Cataluña; 45.815 en Barcelona; 4.649 a Girona; 3.530 a Tarragona y 1.968 en Lleida. Por cada trabajadora del hogar hay 135 residentes en Cataluña. Y la comunidad autónoma que concentra más empleadas del hogar es Madrid, con 101.414 trabajadoras; con una media de 65 residentes por cada afiliada al régimen especial del hogar.
Para reparar la histórica discriminación que este colectivo ha recibido desde las instituciones, el Gobierno ha activado el mecanismo para integrar este régimen especial al sistema de protección social encomendero. Lo ha hecho después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia y censurara el Reino de España para incurrir en una discriminación indirecta por razón de género sobre este colectivo. Actualmente el proceso está en fase de trámite parlamentario y en mayo podría discutirse en el pleno del Congreso de los Diputados. El compromiso subscrito por el Consejo de Ministros es tenerlo todo aprobado antes del plazo de un año.
A debate en el Congreso en mayo
A las Cortes, el Ejecutivo y los partidos con representación parlamentaria tendrán que acordar los detalles de cómo se encuadran las trabajadoras del hogar dentro del sistema de protección social, si esto implica un aumento de las obligaciones que tendrá que pagar el empleador y a qué tipo de prestaciones los da derecho las nuevas cotizaciones, entre muchos otros. De momento, los tribunales ya están aplicando la jurisprudencia europea y reconocen prestaciones y subsidios a este colectivo a cargo de las cuentas del SEPE y la Seguridad Social. Como por ejemplo el acceso al Fogasa en caso de que el empleador no pueda pagarlos la indemnización y el cobro del subsidio para mayores de 52 años, entre otros.
El convenio 189 también determina la obligación para los empleadores de entregar un contrato por escrito previamente y antes de atravesar la frontera a aquellas trabajadoras que quieran contratar de otro un país. Así mismo regula las condiciones de repatriación de las migrantes al finalizar el contrato y asegura la libertad de las trabajadoras para llegar a acuerdos con el empleador sobre la residencia al hogar donde trabajan, los periodos de descanso y la conservación de los documentos de viaje e identidad.